Radiografía del desmantelamiento: Ajuste, “amiguismo” político-ideológico y el fin de la soberanía nuclear argentina
17/07/2026
El sector nuclear argentino, orgullo histórico de la ciencia y la tecnología nacional y pilar de nuestra autonomía y seguridad energética, atraviesa la crisis más profunda y deliberada de sus 76 años de historia. Lo que a simple vista se presenta como un plan de “modernización” y eficiencia administrativa, esconde en realidad un proceso sistemático de desmantelamiento institucional, precarización laboral y la entrega de activos estratégicos a capitales extranjeros de dudosa solidez. Todo esto, bajo un entramado de designaciones espurias que dinamita cualquier relato meritocrático oficial.
El contexto: Destruir el Estado desde adentro
El escenario actual de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y sus empresas asociadas no es un daño colateral de la macroeconomía; responde a una premisa política explícita. Desde las esferas más altas del Poder Ejecutivo se ha declarado abiertamente la intención de "destruir el Estado desde adentro".
Esta afirmación, que atenta directamente contra el ordenamiento jurídico y las bases establecidas en la Constitución Nacional, se ejecuta ante la alarmante parálisis de sectores clave del Poder Judicial y complicidad de sectores de la política nacional. El desguace de las capacidades científicas y tecnológicas del país no es solo una pretendida reforma administrativa; es el reflejo de una política oficial que avanza sin contrapesos institucionales sobre los sectores más dinámicos del desarrollo nacional. No solo el sector nuclear, también el INTI, garante del control independiente del Estado de productos y servicios, el INTA con el desmantelamiento de su infraestructura regional y venta de sus muy valiosos predios dedicados a la investigación, desarrollo y preservación de ecosistemas, del CONICET una herramienta de prestigio internacional de promoción de la Ciencia y Tecnología en todo el abanico de las actividades del desarrollo de conocimiento, y finalmente el desfinanciamiento inédito del sistema universitario.
El "monumento a la hipocresía": Nombramientos escandalosos
Mientras el personal científico y técnico padece una asfixia salarial nunca vista con pérdida de capacidad adquisitiva del orden del 50%, imperfectamente medida por el IPC del INDEC, la conducción del sector nuclear se ha transformado en un refugio de privilegios y designaciones arbitrarias. Bajo el amparo del discurso de la austeridad y la eficiencia, las nuevas autoridades han configurado un verdadero monumento a la hipocresía, donde se aplica de forma literal el adagio popular: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces".
El sector está formalmente encabezado por Federico Ramos Napoli, un abogado de 32 años, recibido en 2023, cuya única experiencia laboral transcurrió al amparo del empleo público (desde la Casa de la Moneda hasta el equipo de comunicación de Karina Milei, bajo las órdenes de Juan Pablo Carreira, alias "Juan Doe"), según el Diario Perfil. Ramos Napoli accedió recientemente a un crédito hipotecario de “privilegio” del Banco Nación (BNA) en condiciones preferenciales por más de 200 millones de pesos —beneficio compartido con otros altos funcionarios del gobierno—, y se desempeñó primero como gerente general y luego presidente de la empresa estatal Dioxitek S.A. con salarios que rondan los 7 millones de pesos, muy superiores a los de CNEA. Ramos Napoli, actualmente secretario de Asuntos Nucleares, con una remuneración similar, hace poco calificó a la CNEA como “un aguantadero de la política”. Esto no es más ni menos lo que él está promoviendo con su gestión.
Otro ejemplo de la lista de “privilegiados” con un crédito del BNA de 200 millones es el del contador José Ignacio Bruera Grifoni, que ostenta en CNEA el cargo de Gerente de Área de Coordinación Operativa y Administrativa (GACOyA) y que ejerce bajo la modalidad ad honorem dentro del organismo. El funcionario está formalmente designado en la CNEA mediante un "pase en comisión" desde Dioxitek S.A. Esto significa que sigue cobrando su sueldo de origen de Dioxitek, una empresa estatal cuyos cargos jerárquicos manejan una escala salarial considerablemente más alta que la de la administración pública. Además de su rol administrativo en CNEA y su plaza en Dioxitek, acumula funciones como director suplente en la operadora de centrales nucleares Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y un puesto en la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI). Los sueldos de dirección en ambas empresas superan los $10 millones.
A esta cúpula se suman nombramientos que desafían cualquier estándar de idoneidad:
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Santiago Vieyra: Un joven de 28 o 29 años, proveniente de “La Derecha diario”, sin titulación universitaria, incorporado formalmente en el escalafón no profesional (tramo 522), pero designado insólitamente como coordinador en la Gerencia de Área de Aplicaciones Nucleares a la Salud. Esta gerencia, responsable de desarrollos de altísima complejidad científica y tecnológica, está integrada históricamente por doctores/as en biología, física e ingeniería nuclear con décadas de experiencia y reconocimiento internacional. Los considerandos de su designación rozan el cinismo: "Ante el reciente cambio de autoridades de CNEA, se ha evaluado rigurosamente y priorizado la cobertura de determinados cargos y posiciones, a fin de dar continuidad a las actividades y proyectos para poder cumplir con los compromisos asumidos".
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Felipe Randle: Otro caso de favoritismo dentro de la CNEA. Sin contar con formación universitaria terminada, ni ninguna experiencia en el sector, fue ubicado de manera irregular en el escalafón profesional (tramo 322) dentro de la Gerencia De Área Articulación Institucional (GAAI). Además, fue nombrado como Presidente del directorio de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) encargada de la conservación, mantenimiento y operación de la Planta Industrial de Agua Pesada.
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Ezequiel Acuña (conocido en redes como @elpasanteok): Tuitero e influencer libertario de 23 años. Con título de bachiller y una nula trayectoria en el sector energético, fue nombrado subgerente de Responsabilidad Social Empresaria en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), percibiendo un sueldo superior a los 10 millones de pesos mensuales. Acuña es cofundador del portal La Derecha Diario y un activo militante digital oficialista. Mientras tanto, en NA-SA hay un éxodo de personal técnico altamente capacitado: El propio gobierno lo reconoce en un informe oficial (IF-2025-101135466-APN-SE#MEC) sobre la situación de la empresa donde “... se verificaron pérdidas en recursos humanos calificados, por cuestiones de competitividad salarial”.
Estas cifras y designaciones contrastan obscenamente con la realidad de los organismos: un ingeniero con algunos años de experiencia cobra hoy en la CNEA alrededor de $1.200.000, mientras que el salario de bolsillo más alto para el personal de carrera apenas roza los $2.500.000. Estos abusos se inscriben en una lógica corporativa estatal más amplia, donde reportes de prensa exponen sueldos de hasta 80.000 dólares mensuales en el directorio de empresas como YPF, en un país donde la mitad de la población sufre graves problemas para alimentarse y satisfacer sus necesidades más básicas.
Vaciamiento laboral y resistencia legal en la CNEA
La contracara de estos sueldos de privilegio es la expulsión de la mano de obra calificada. En los últimos dos años y medio, la CNEA ha perdido cerca de 500 puestos de trabajo. Esto se ha ejecutado parcialmente a través de jubilaciones compulsivas a los 65 años, una política discriminatoria ausente en el sector privado, y la expulsión de trabajadores altamente calificados por los bajísimos salarios. A esto se suma ahora una reciente tanda de 60 despidos.
La justificación oficial intentó instalar la idea de que se trataba de personal estrictamente administrativo sin título universitario. Esto es una doble falacia. Por un lado, los relevamientos pormenorizados demuestran que entre los despedidos hay profesionales, técnicos y también administrativos. Por otro, se pretende bajar el precio a los empleados administrativos, ocultando que una institución de la envergadura de la CNEA requiere estructuras administrativas para su correcto funcionamiento.
El caso de Paula Alderete es uno de los contra-ejemplos más claros: técnica especializada encargada de operar un microscopio electrónico en el Centro Atómico Constituyentes (un equipo de cientos de miles de dólares). Su despido no solo paraliza estudios críticos sobre el comportamiento de materiales, entre muchas otras investigaciones, sino que le quita además a la CNEA una fuente de ingresos genuinos por servicios de consultoría externa a empresas. Todo esto por un salario de hambre que oscilaba entre los $600.000 y $700.000.
Ante este escenario, los trabajadores hemos iniciado una contraofensiva legal. Los equipos jurídicos gremiales argumentan que la renovación sistemática de contratos a plazo fijo desde el año 2023 encubre relaciones laborales permanentes bajo el principio de continuidad (Art. 90 de la Ley de Contrato de Trabajo). Los amparos exigen la inmediata restitución de sus puestos invocando el derecho constitucional a la estabilidad del empleo público (Art. 14 bis) y la jurisprudencia sentada por la histórica "doctrina Ramos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La entrega de la soberanía tecnológica y energética
El llamado "Plan Nuclear" del gobierno consiste fundamentalmente en desmantelar los desarrollos financiados por la sociedad argentina durante más de siete décadas para transferirlos al capital transnacional. El epicentro de esta estrategia es la irrupción de Meitner Energy, una firma de capitales mayoritariamente norteamericanos radicada en el paraíso fiscal de Delaware, EE. UU.
Meitner Energy ya ha absorbido a cerca de 100 ingenieros altamente calificados, formados por la CNEA (o sea, el Estado argentino), que hoy, ante la parálisis de proyectos y deterioro salarial provocados por este gobierno, han dejado la institución. Ofreciéndoles salarios varias veces superiores a los que perciben en CNEA, pero relativamente bajos comparado con estándares internacionales, la corporación norteamericana se ha hecho con una transferencia gratuita de conocimiento y propiedad intelectual de valor incalculable.
El plan oficial contempla otorgar a Meitner Energy el predio de Atucha para la instalación de su propio reactor privado de 300 MW, que funcionaría con combustible de uranio enriquecido. Atucha es el único sitio licenciado y apto en el país para la construcción de una nueva central de potencia. Esta entrega desplaza el proyecto nacional Atucha III, planificado originalmente en 2014 bajo la tecnología CANDU de uranio natural y agua pesada (la misma que opera con éxito en la Central Nuclear Embalse).
Este viraje tecnológico amenaza con destruir la autonomía energética del país:
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Dependencia del combustible: Argentina domina el ciclo completo del uranio natural. Cambiar a la línea de uranio enriquecido obliga al país a depender de proveedores extranjeros para el suministro del combustible, el cual es más de dos veces más caro y requiere tecnologías complejas de enriquecimiento que no poseemos a escala industrial.
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Modelo extractivista (“exportar cuero e importar zapatos”): El plan oficial prevé concesionar la extracción de uranio local a mineras privadas para exportarlo en forma de mineral. Este es un insumo escaso en Argentina e imprescindible para el funcionamiento de nuestras Centrales, cuya concesión en estos términos compromete las reservas nacionales para una necesaria expansión de la participación nuclear en la matriz energética.
En esta misma dirección, el gobierno anuncia supuestas inversiones de otra empresa norteamericana (Nano Energy) para modificar el propósito de la planta de Dioxitek en Formosa, prevista para realizar la producción de dióxido de uranio natural para nuestras centrales. Esta instalación se convertiría en una planta de producción de hexafluoruro de uranio (UF6), insumo que sería enviado a EE.UU. para producir uranio enriquecido y alimentar sus reactores, relegando a la Argentina al rol de eslabón de una cadena al servicio de las necesidades de los EEUU. Uranio enriquecido que, de concretarse este plan, sería reimportado a la Argentina.
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Destrucción de la capacidad de producción de agua pesada: En 1994 la Argentina puso en marcha la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), una instalación de clase mundial única en su tipo. La PIAP produjo toda el agua pesada para nuestras centrales nucleares. Esta planta se paralizó en 2017 dejando un plantel muy reducido solo para realizar tareas de mantenimiento mínimo. Recién se dieron pasos para su reactivación en mayo de 2023. Sin embargo, con el cambio de gobierno, en enero de 2024 se interrumpieron las inversiones de capital necesarias por parte del Estado aunque se mantuvo la conservación mínima de la planta. Desde octubre de 2025, la PIAP se encuentra sin el mantenimiento apropiado por falta de financiamiento. Esto pone en grave riesgo un activo de aproximadamente mil millones de dólares y podría significar la interrupción definitiva de la actividad nuclear argentina basada en la tecnología de uranio natural y agua pesada. Paradójicamente, todo esto se enmarca en un contexto de alta demanda de agua pesada a nivel internacional, tanto para aplicaciones nucleares como electrónica y medicina.
La hipótesis de la burbuja financiera y las garras del RIGI
Para algunos especialistas y referentes del sector, las promesas oficiales carecen de sustento real. El gobierno y Meitner Energy han anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares, una cifra que dichos especialistas consideran notoriamente insuficiente para financiar el diseño, desarrollo, pruebas de seguridad y fabricación de un reactor comercial de 300 MW a partir de una patente reciente; especialmente, dado que se trataría de un reactor primero en su clase.
Desde APCNEAN y otros sectores advertimos que el plazo de cinco años planteado por voceros oficiales es irreal (plazo que ya había prometido Demian Reidel en diciembre de 2024) y que el proyecto guarda preocupantes similitudes con el "Caso Libra". Hay fuertes indicios de que se trata de una burbuja financiera: inflar el valor de las acciones de una corporación privada mediante anuncios estatales grandilocuentes durante un plazo de tiempo efímero para generar ganancias a unos pocos especuladores, dejando al país con sus capacidades de ingeniería estatal completamente desarmadas.
Para agravar el panorama, este desembarco se ampara en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI o peor aún el Súper RIGI), con leoninas ventajas fiscales y aduaneras. Bajo este paraguas jurídico, las corporaciones extranjeras gozarán de exenciones impositivas extraordinarias, libre disponibilidad de divisas (sin obligación de liquidarlas en el país) y nula exigencia de contratar mano de obra local o integrar las cadenas de valor metalmecánicas e industriales argentinas. Incluso se les permite la libre importación de bienes de capital y equipos usados, condenando a la industria local a la extinción.
La participación privada en el sector nuclear no es nueva en nuestro país y es bienvenida en la medida que promueva el desarrollo tecnológico e industrial nacional. El conflicto surge cuando el actual gobierno nacional desfinancia el sector nuclear argentino y se lo entrega a una empresa privada extranjera, siendo que el Estado ha financiado todo, desde la formación académica de las personas, la formación laboral específica, la generación de conocimientos, desarrollos e infraestructura.
La comunidad científico-tecnológica y los trabajadores del sector nuclear continuamos dando la batalla en los tribunales y de cara a la sociedad, alertando que la destrucción de la ciencia, la tecnología y la industria no es un ahorro fiscal, sino la renuncia explícita al desarrollo económico futuro y a la soberanía de la Nación.